30 de Julio de 2020

Editorial
La Jornada

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció que logró un acuerdo con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para que Washington retire a sus agentes de la ciudad de Portland, a los cuales la mandataria estatal acusó de haber actuado como "fuerza de ocupación" y de haber llevado violencia a la entidad. El retiro de las fuerzas federales se dará de manera gradual, por lo que hoy saldrán del centro de la ciudad más grande del estado y poco después comenzarán su retiro definitivo. Un "pequeño contingente" permanecerá para resguardar el edificio del Congreso.

Las tropas federales fueron enviadas por el presidente Donald Trump a esta ciudad fronteriza con Canadá con el propósito de reprimir las manifestaciones que tienen lugar desde hace meses en protesta por el racismo institucional y la brutalidad policiaca, las cuales fueron detonadas por el asesinato del afroestadunidense George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin en Minneapolis, a finales de mayo pasado.

Lejos de causar un repliegue en las expresiones de indignación ciudadana, la salvaje conducta desplegada por los efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (CBP e ICE, por sus siglas en inglés, respectivamente) dejó una estela de violaciones a los derechos humanos que multiplicó el malestar y reavivó los actos de protesta. Desde el 17 de julio, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, exigió a Trump que "mantenga a sus efectivos en sus propios edificios, o haga que salgan de nuestra ciudad". Días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que raras veces reacciona ante casos de violaciones a los derechos fundamentales en Estados Unidos– expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en el que incurrieron los agentes federales, quienes habrían realizado detenciones sin garantías del debido proceso y al margen de las autoridades locales.

En conjunto, las afirmaciones de la gobernadora y el alcalde, las expresiones de la CIDH y, ante todo, las imágenes de la actuación de los agentes federales, ilustran que la hostilidad de Trump contra los ciudadanos hartos por el racismo va más allá del interés por el mantenimiento del orden público. En los hechos, se trata de una declaración de voluntad represiva en contra del pueblo de su propio país y de un mensaje de desconocimiento a las instituciones locales, y con ello amplía la beligerancia abierta desde el inicio de su mandato contra las minorías y los medios de comunicación. En efecto, el envío de tropas federales contra la voluntad tanto de las autoridades como de la sociedad locales supone una afrenta en una nación históricamente celosa de su federalismo y reacia a la intervención de Washington en los asuntos internos de los estados.

Es evidente que la salida de las "fuerzas de ocupación" constituye un nuevo revés para la administración Trump, pero no supone sino un breve alivio en medio de los intentos cada vez menos disimulados de ejercer un poder dictatorial sobre un país que, pese a todas sus contradicciones, se presenta ante el mundo como modelo de democracia.