Baja California | 01 de Agosto de 2020

Con la presencia de los 25 diputados en una sesión virtual del viernes, la reforma constitucional, que excluyó las propuestas del Poder Judicial, se aprobó con 17 votos. Foto cortesía Congreso de Baja California

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Antonio Heras / La Jornada
Ciudad de México, 1º de agosto.- A iniciativa del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el Congreso del estado, con mayoría del partido Morena, eliminó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para integrar una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, con cinco magistrados.

A la propuesta de Bonilla, se sumó el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina, ex panista y actual morenista, que plantea establecer una nueva integración del Tribunal Superior de Justicia de Baja California en la que se eliminen los magistrados supernumerarios.

Con la presencia de los 25 diputados en una sesión virtual del viernes, la reforma constitucional, que excluyó las propuestas del Poder Judicial, se aprobó con 17 votos por ser mayoría calificada de los cuales obtuvo 10 votos de Morena, dos del Partido del Trabajo, Transformemos (local), Verde Ecologista de México, dos independientes ex panistas y el PRI. Mientras en contra votaron tres legisladores de Morena, dos del PAN y uno del partido Baja California (local) y otro de Movimiento Ciudadano.

Además, se establecerá un nuevo procedimiento de selección para magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través de una terna propuesta por el gobernador.

Esta reforma constitucional incluye desaparecer la ciudadanización del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al definir que el Comité Coordinador (CC), órgano de coordinación del combate a la corrupción y de definición de políticas públicas, solo estará integrado por cinco ciudadanos y 11 representantes gubernamentales.

Baja California es la única entidad donde hay Comité coordinador con igual número de ciudadanos y funcionarios (11 y 11). Además, de facto, el SEA está paralizado desde marzo por decisión del Congreso.