Tijuana, 3 de julio.- Un monto de 7 millones de pesos, como indemnización para los deudos y personas lesionadas durante el accidente protagonizado por un chofer de Altisa, en octubre de 2016, fue la propuesta que la firma transportista analizará para dar carpetazo a este litigio, cuya duración ha sido de dos años y ocho meses.

La tarde de este miércoles se realizó la audiencia de mediación entre los afectados y Altisa, la cual fue encabezada por el facilitador del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), José Cervantes.

Brandon Morelos Hernández, joven que sobrevivió al accidente y que actualmente se encuentra en silla de ruedas, sostuvo que presentaron una propuesta a la empresa culpable de la muerte de cinco personas y seis lesionados en el fraccionamiento K Casas, quienes viajaban a bordo de la unidad 290.

“Pusimos las cartas sobre la mesa y tenemos cita la próxima semana. Esperamos una respuesta positiva de su parte. Esperamos una indemnización justa para todos los involucrados. Me siento satisfecho porque yo miré una buena actitud sobre nosotros, aunque seguirá siendo difícil para mí”.

Por su parte, Jorge Escárcega, abogado de las víctimas, detalló que Altisa se llevó la propuesta, equivalente al 80% de lo solicitado en primera instancia, al revelar que será el próximo 10 de julio, en la siguiente audiencia, cuando podría concluir este proceso.

Agregó que Brandon Morelos, por haber resultado con las repercusiones más severas, resultará el más beneficiado, en caso de que Altisa avale la propuesta.

El abogado reconoció la disposición de Perla Ibarra del Socorro Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado, quien giró instrucciones para mediar el asunto y buscar una salida decorosa para las partes.

Indicó que Jorge Álvarez, subprocurador en Tijuana, fungió como testigo de honor durante la audiencia mediadora del SEJAP, mientras que Pedro Blanco acudió como representante de los transportistas.

La historia

El accidente ocurrió el 12 de octubre de 2016; fallecieron cinco personas y seis más resultaron lesionadas, entre ellas, Brandon Morelos Hernández, quien a dos años y ocho meses del accidente permanece en silla de ruedas.

Víctor Sevilla, apoderado legal de Altisa fue demandado penalmente y se le giró orden de aprehensión, sin embargo, solicitó la protección de la justicia federal y se le concedió un amparo.

Debido a que nunca atendió los citatorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para declarar, se le apercibió en  reiteradas ocasiones, incluso, le fue retirado el amparo por desacato judicial.

En marzo de 2019, Víctor Sevilla, a través de un video difundido en redes sociales, reconoció que 80 unidades operaban de forma irregular, y se comprometió a regularizarlas, principalmente en materia de póliza de seguro para viajeros que cubra accidentes como el citado.

Después del percance, el pasado 21 junio, la Sindicatura Procuradora, Ana Marcela Guzmán, anunció que José Luis Hernández Silerio, ex director de Vialidad y Transporte, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante los próximos tres años por omisión, al no haber sancionado a la empresa Altisa, responsable de la perdida de cinco vidas humanas y seis lesionados.