Baja California | 04 de Mayo de 2021

Mujer mixe votando en las elecciones federales en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Foto Agenda Ciudadana

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Redacción

Tijuana, 4 de mayo.- La Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social, AC, explica los criterios que se siguen para considerarse parte de las comunidades indígenas por parte de quienes aspiran a algún cargo electoral:

Dentro de los módulos del “Taller sobre Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas y Pueblos Indígenas, apuntando a la Erradicación de la Discriminación y la Violencia Política en Razón de Género”, que realizó Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C., en el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2020 (PNIPPM) del Instituto Nacional Electoral (INE) y con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se abordó el tema de la identidad indígena y la autoadscripción indígena calificada, al tenor de las siguientes consideraciones. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que México es una Nación pluricultural que tiene como origen a los pueblos indígenas, más adelante el mismo texto constitucional define quienes son los pueblos indígenas al afirmar que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

La Constitución Federal hace una importante acotación al aclarar que: “La conciencia de su identidad indígena deberá́ ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. El hecho de que el Estado mexicano deje al libre albedrío de sus habitantes el autoadscribirse o no indígena es un gran avance y un logro de las luchas indígenas, ya que anteriormente con sus criterios unilaterales era el gobierno a quienes les reconocía el carácter de indígenas.

Lo interesante de estos procesos es que las demandas indígenas por el reconocimiento de derechos están planteando una transformación del sistema legal mexicano, pero a la par están en reconfiguración muchas instituciones mexicanas, sobre todo en el plano educativo, de salud, judicial, legislativo, y claro, el electoral.

En estas elecciones, tanto el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los institutos y los tribunales electorales locales como en Baja California, se emitieron acuerdos y sentencias -según sus competencias- para reservar candidaturas a miembros de pueblos y comunidades indígenas con el firme propósito de garantizar que estos grupos de la sociedad tenga representantes populares. Esto es, el establecimiento de cuotas o como jurídicamente se le llama, acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, con estos espacios reservados que obligan a los partidos a postular a candidatos indígenas y con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Constitución Federal que establece que sólo basta que una persona se autoafirme indígena para que le apliquen las disposiciones en materia indígena, esto generó mucha polémica en un principio porque cualquiera pudiera autoadscribirse indígena y “obtener el derecho” a ser postulado por los partidos políticos.

Fue por ello que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que pronunciarse al respecto y emitir la sentencia SX-JDC-330/2018 mediante la cual se buscó emitir lineamientos para regular la autoadscripción indígena, con el fin de evitar que personas no indígenas ocuparan los espacios destinados a personas indígenas que históricamente han estado relegados de los espacios de la toma de decisiones, incluso en aquellas regiones en donde son mayoría, poblacionalmente hablando.

A grandes rasgos, la sentencia antes mencionada busca “calificar” la autoadscripción indígena de los candidatos, es decir, busca que los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular y que pretendan ser postulados por los partidos políticos deban acreditar, más allá de manifestar su voluntad de tener un origen indígena o pertenecer a un pueblo indígena, tener lazos y vínculos que los unan con sus comunidades y pueblos originarios.

A continuación, se enlistan algunos medios de prueba que recomienda la sentencia para acreditar la autoadscripción indígena. Los institutos electorales locales, al ejecutar la sentencia, ampliaron la propuesta hecha por el TEPJF.

· “Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado.

· Participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado.

· Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en dichas circunscripciones votarán efectivamente por candidatos indígenas, garantizando que los electos representarán los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción afirmativa.

· Por último y en relación con este tema, cabe precisar que para acreditar el vínculo con la comunidad en los términos antes señalados, se deberá asumir una perspectiva intercultural, esto es, que los medios para acreditar la pertenencia apuntada, resulten de las constancias expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad o población indígena, como pueden ser, las autoridades elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos; la asamblea general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad, conforme a lo establecido en la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena, Capítulo V, denominado: Directrices de actuación para resolver casos relativos al Derecho Electoral Indígena.”

Recientemente hemos leído en medios de comunicación que candidatas y candidatos han usurpado identidades indígenas y con el fin de lograr ser postulados han fabricado pruebas “su origen indígena” o las han obtenido de manera poco ética. Tal situación ha llegado a los tribunales electorales y son estas instancias quienes tendrán que emitir sentencias en cada caso particular y valorar si realmente existe un vinculo del candidato con su comunidad. En nuestro siguiente boletín abordaremos los casos de candidatas y candidatos de Baja California que son cuestionados porque no son indígenas y fueron postulados por sus institutos políticos.

Descripción no disponible.

Familia Ñuu Savi vendiendo tortillas de trigo en la plaza del municipio de Magdalena Jaltepec, Nochixtlán, Oaxaca. Foto: Agenda Ciudadana.