mundo | 06 de Julio de 2020

En un auto firmado por la Sala Segunda de lo Penal, los magistrados españoles expusieron con nitidez los numerosos casos de corrupción por los que Lozoya Austin es reclamado por la justicia mexicana. Foto Roberto García / archivo La Jornada

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Armando G. Tejeda / La Jornada

Madrid, 6 de julio.- La justicia española dio su autorización para la extradición inmediata, sin previa autorización del Consejo de Ministros del gobierno español, del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien podría llegar a nuestro país antes del próximo viernes.

La Audiencia Nacional citó en el auto judicial que el ex dirigente del PRI está siendo investigado por varios casos de corrupción, blanqueo de capitales y apropiación indebido en los que habría tenido como cómplices a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), y a la filial de la empresa brasileña Odebrecht, vinculada a centenares de casos de fraude y corrupción en el mundo.

Lozoya Austin, de 47 años, fue detenido en el sur de España el pasado 13 de febrero, en un fraccionamiento de multimillonarias llamado La Zagaleta. Desde aquel día ha estado encarcelado; primero en una comisaría de policía, después en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Andalucía, y finalmente en la cárcel Madrid IV, situada en la localidad de Navalcarnero. De ahí será llevado directamente al aeropuerto en los próximos días para entregado a las autoridades mexicanas.

Según el procedimiento establecido por la legislación española, al tratarse de una entrega voluntaria se permite la extradición directa, sin que culmine el proceso judicial que se había abierto en los tribunales españoles y sin que se tenga que aprobar como mero trámite en el Consejo de Ministros del Ejecutivo español.

En un plazo de tres días la resolución será firme -es decir, el próximo miércoles- y a partir de entonces se comunicará la orden a Interpol para que se haga la entrega lo antes posible. Es decir, que si los tiempos se aceleran a partir del próximo jueves el ex director de Pemex ya podría ir volando hacia nuestro país.

En un auto firmado por la Sala Segunda de lo Penal, los magistrados españoles expusieron con nitidez los numerosos casos de corrupción por los que Lozoya Austin es reclamado por la justicia mexicana y por lo que se convirtió en un prófugo en mayo del 2019, cuando emprendió la huida. Entre los que se cita como el primero a sus negocios presuntamente ilegales con Ancira, cuando realizaron la compra-venta de Agronitrogenados por un sobreprecio claro y además a una empresa que estaba en desuso desde hacia 14 años. “Entre los meses de junio a noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de 3.400.000,00 dólares USA a una cuenta bancaria en Suiza, titularidad de la mercantil TOCHOS HOLDING LIMITED, cuyo beneficiario en la fecha de su constitución era el reclamado, que en el mes de marzo de 2012, cedió sus acciones y activos de la compañía a su hermana Gilda Susana Lozoya, que era la beneficiaria en la fecha de las citadas transferencias. Ambas entidades no mantenían relaciones ni vínculos comerciales. La fechas de las transferencias desde AHMSA a TOCHOS son 12 de junio, I de noviembre 9 de noviembre, 16 de noviembre y 28 de noviembre. Desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012 el reclamado formó parte del gabinete de transición del nuevo presidente electo, tras recibir constancia del resultado electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Además en el auto se detalla que el día 17 de diciembre de 2013 “en su calidad de Director General de la empresa PEMEX, cargo que ocupaba desde diciembre de 2012, propuso al Consejo de Administración, que la empresa "Pro Agroindustria S.A, CV, filial de Pemex, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados S.A. de C.V representada por Alonso Ancira. Pese a los diversos informes que desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad, la compra se llevó a cabo mediante contrato fechado el 20 de diciembre de 2013, estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, la cantidad de 264.000.000,00 dólares USA. Debido a la deteriorada situación de la mercantil, fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación, por valor de 450.000.000,00 dólares USA”.

Pero en el auto también se citan como motivos por los que Lozoya está siendo reclamado por la justicia mexicana los diversos negocios que amparó para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht: “En el año 2009 ocupaba el cargo de Director del Foro Económico Mundial de América Latina, mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Meneses Weyll, director Superintendente de la empresa Constructora Norberto Odebretch S.A en México, al que aconsejaba sobe la manera de desarrollar negocios en dicho país. Posteriormente y hasta el año 2012, pasó a desempeñar el cargo de consultor para estructurar los programas de la mercantil, a la que facilitaba contactos con empresarios de distintos Estados de la República Mexicana, lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra”.

Y abunda que “siendo Director General de Pemex, el reclamado en el año 2013 otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mexicanos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, comprometiéndose la citada mercantil a pagarle 6.000.000,00 dólares USA a cambio del otorgamiento de la obra que finalmente obtuvo, firmando el contrato de obra pública en febrero de 2014. De dicha cantidad, al reclamado le fueron abonados un total de 5.000.000,00 dólares USA, mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A. que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014”.

También se señala que la constructora brasileña amplió sus intereses en México en el año 2012 y sobre todo en tres Estados de la República: Veracruz, gobernado entonces por Javier Duarte; Hidalgo, cuyo gobernador era Franciso Olvera Ruiz;  y Tamaulipas, del también priista Egidio Torre Cantú.