Baja California | 26 de Febrero de 2021

Edgar Montiel Velázquez es arquitecto de profesión e hijo de maestros indígenas. Foto cortesía para La Jornada Baja California

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Jorge Ley
Tijuana, 26 de febrero.- Ante la negativa del Partido Acción Nacional (PAN) por cumplir las acciones afirmativas dictadas por la sala regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (Tepjf) con sede en Guadalajara, la lucha de Edgar Montiel Velázquez continúa para que los representantes de la comunidad indígena cuenten con espacios de representación en los comicios locales del próximo 6 de junio.

El arquitecto de profesión e hijo de maestros indígenas, comentó que luego de un viacrucis que comenzó en 2018, y que incluyó a Baja California para la apertura de este beneficio, han sido incluidos también los representantes de la diversidad sexual, personas con discapacidad y jóvenes en el ámbito local.

“Fue todo un peregrinaje con el Instituto Estatal Electoral, quien en un principio dijo desconocer el tema; posteriormente argumentamos la petición y cuatro partidos se inconformaron. Después el Tribunal Electoral local incluyó a otros grupos, pero el PAN insiste en no ceder espacios y nuestra lucha continúa hasta conseguir nuestro objetivo”.

Montiel Velázquez, detalló que como resultado de su argumentación, la autoridad electoral conformó un grupo interdisciplinario, que incluyó a consejeros, académicos del Colef, la UABC y especialistas en el tema, que propició la consulta indígena celebrada en noviembre de 2020.

Para el activista de los pueblos indígenas, la sentencia SG-15-2021 emitida por la sala regional de Guadalajara, obliga a los partidos políticos, alianzas y coaliciones a ceder dos espacios para diputaciones locales y una regiduría en los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali, mientras que para Ensenada serán dos, debido a que concentra el mayor número de población indígena.

Cabe señalar que hoy sesionará el consejo del Ieebc, por lo que se espera de cumplimiento y garantice los requisitos constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas para el proceso electoral vigente.