Baja California | 30 de Julio de 2020

El pasado 7 de julio, el gobernador liberó la caseta bajo el argumento de que no existe una vía libre de peaje, por lo que más de 12 mil 500 residentes debían pagar para trasladarse a sus hogares y actividades. Foto Banco Imágenes Tijuana

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Redacción

Tijuana, 30 de julio.- El gobierno del estado derogó el decreto de cancelación de la caseta de peaje Tijuana-Playas de Rosarito, ante la propuesta del gobierno federal de reubicarla al límite con Playas de Rosarito y en lo que se concreta el proyecto, eximir del pago a residentes del área.

En una edición especial del Periódico Oficial del Estado anota que "las autoridades federales han mostrado un gran interés en apoyar a los residentes de Playas de Tijuana emitiendo dos grandes acuerdos generales: se acuerda reubicar la caseta de cobro y trasladarla hasta los límites con Playas de Rosarito; durante el tiempo que transcurra hasta que quede concluida la reubicación  caseta, se exentará de peaje a los residentes de la zona".

La vigencia del nuevo decreto entrará en vigor a partir de ese 31 de julio (un día después de la publicación), señala el documento en el que que se instruye a "todos los secretarios del ramo de Gobierno del Estado, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en coordinación con el titular del Ejecutivo del estado, realicen todas las gestiones, trámites y negociaciones pertinentes ante las diversas autoridades correspondientes hasta lograr la reubicación de forma definitiva de la caseta de cobro".

El tema debe considerarse como un asunto prioritario y urgente de la presente administración estatal, anota la edición de un solo artículo, en la que se incluyó el decreto de cancelación del pasado 7 de julio en el que argumentó que la razón del cobro de recuperar la inversión por la construcción en la vía de 18.5 kilómetros en 1967 se obtuvo en varias ocasiones, además de que por el crecimiento de la población más de 12 mil residentes del área no cuentan con una alternativa libre de peaje para trasladarse a sus actividades cotidianas.

El pasado 22 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que interpuso una controversia constitucional por el decreto de cancelación de la caseta de cobro y advirtió que no coincidía con la decisión del gobernador Jaime Bonilla Valdez de liberarla.

Antes, el 8 de julio, elementos de la Guardia Nacional y militares recuperaron las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que provocó protestas ciudadanas que reclamaban libre tránsito, y críticas del mandatario bajacaliforniano que defendía el decreto de liberación y que se utilizara la fuerza pública para reactivar el cobro, por lo que durante días demandó que se retirara la vigilancia federal de las instalaciones.